El Gobierno de España está ultimando los detalles para aprobar una regularización extraordinaria que permitirá a medio millón de personas migrantes acceder a un permiso de residencia y trabajo. Se espera que este martes 14, el Consejo de Ministros dé luz verde al texto definitivo. Aunque se había previsto que la regularización comenzara el 1 de abril, el proceso se ha retrasado debido a que el Consejo de Estado envió su informe el pasado viernes, respaldando la propuesta del Gobierno con algunas recomendaciones técnicas. El Consejo de Estado avala que la regularización se realice mediante una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, asegurando que se respetan las garantías necesarias para el éxito del procedimiento. Sin embargo, advierte que quienes ya tienen un permiso de asilo no pueden solicitar la nueva regularización hasta que su situación actual se resuelva. Además, se recomienda que las personas que buscan ser reconocidas como apátridas no participen en este proceso, ya que su situación debe ser tratada por otros medios. El dictamen también sugiere establecer criterios claros para definir la vulnerabilidad, proponiendo que se considere vulnerable a quienes hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleven al menos cinco meses sin papeles al presentar su solicitud. En cuanto a los antecedentes penales, se exige un certificado oficial del país de origen o de aquellos donde se haya residido en los últimos cinco años.
