La decisión judicial se originó en declaraciones del excongresista Álvaro Ashton, que señaló a Cepeda y otros dirigentes por supuestos acuerdos y desvío de recursos en beneficio de las Autodefensas Unidas de Colombia
La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra Efraín Cepeda, senador por el Partido Conservador, tras la compulsa de copias realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), motivada por el testimonio del excongresista Álvaro Ashton.
La Sala de Instrucción del alto tribunal recibió el 28 de octubre seis discos compactos con el testimonio de Ashton. El contenido de estos soportes apunta a una decena de líderes políticos presuntamente vinculados con la incursión y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región.
El despacho del magistrado Francisco Farfán asumió el proceso contra Cepeda y ordenó escuchar nuevamente al excongresista para ampliar su declaración, además de citar al senador conservador en versión libre para el 18 de febrero.
Álvaro Ashton reconoció ante la JEP haber participado en acuerdos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC, liderado por Edgar Ignacio Flórez Fierro (alias Don Antonio) y Carlos Mario García Ávila. Ashton detalló que varios senadores, incluyendo a Efraín Cepeda Sarabia, Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes Varelo, David Char Navas y Jorge Gerlein Echeverría, “apoyaban y ayudaban a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos. Eso es muy importante porque con esos recursos se nutrían ellos para seguir delinquiendo en los otros municipios”.
Tras contrastar esta información, la JEP levantó la reserva de la audiencia y remitió el expediente a la Corte Suprema, que abrió dos radicados: uno contra Cepeda y otro para analizar las menciones al actual ministro del Interior, Armando Benedetti.
El abogado penalista Jaime Lombana, defensor de Cepeda, aseguró que “la declaración en la que involucran al senador Cepeda fue dada cuando se le informó a Ashton la posibilidad de no ser admitido en la JEP”. Lombana también reiteró la “falta de credibilidad del testigo, vinculado a casos de abusos sexuales con menores”.
En el caso de Armando Benedetti, el proceso fue asignado al magistrado César Reyes, que estudia si las menciones hechas por Ashton corresponden a hechos ya investigados. El abogado de Benedetti sostuvo que la Corte Suprema precluyó cualquier vínculo entre el ministro y el paramilitarismo:
“La misma Corte Suprema precluyó el proceso a favor de Benedetti por no existir relación alguna con estos grupos al margen de la ley. Lo que sí existe en este momento es un proceso contra Ashton por falso testimonio y pedimos su expulsión, la cual no ha sido resuelta por la JEP”.
El caso Ashton se originó a partir de investigaciones por concierto para delinquir y cohecho. En su comparecencia ante la JEP, Ashton reiteró que “todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar esos proyectos”.
Además, señaló que el entonces congresista Armando Benedetti “era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para las AUC como el artículo que hablaba de la sedición y el de la alternatividad penal”.