Una jueza federal suspendió de manera temporal una política firmada por la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, que exigía a los miembros del Congreso avisar con una semana de antelación antes de visitar centros de detención de inmigrantes.
La decisión federal que impacta a Kristi Noem y al ICE
“Los demandantes han demostrado una probabilidad sustancial de éxito en su reclamo de que la política de notificación del 8 de enero es contraria a la ley y excede la autoridad legal de los demandados”, señaló la jueza en el fallo.
En el mismo escrito, aseveró que el requisito de notificación causó un “daño irreparable” a los miembros del Congreso al impedirles obtener información sobre los centros de detención.
“La política del 8 de enero es una acción arbitraria y caprichosa de la agencia. Los demandantes han demostrado que sufren un daño debido a esta normativa. Y este factor juega a su favor”, agregó.
Antecedentes del conflicto entre Noem y legisladores demócratas
Cobb había suspendido la normativa en diciembre del año pasado al argumentar que contradecía la Sección 527(b), que estipula un aviso de 24 hs solo para el personal y no para los miembros del Poder Legislativo.
“El hecho de que la ley parezca excluir la permisibilidad de un requisito de notificación previa para los empleados del Congreso respalda aún más la interpretación de los demandantes de la ley, que considera que dichos requisitos de notificación previa no son permisibles para ellos”, dijo la jueza en el escrito.
En el fallo, se obligaba a los miembros del congreso a que cualquier solicitud para visitar un centro de detención debía enviarse con siete días de antelación. El pedido debía efectuarse bajo los siguientes pasos:
Si un miembro del Congreso presentaba una solicitud para reducir el tiempo de preaviso, esto debía ser aprobado por la secretaria de Seguridad Nacional.