El Obispado de San Isidro anunció esta mañana que el Vaticano confirmó la culpabilidad del sacerdote sanisidrense Damián Rodríguez Alcobendas en la causa por abuso sexual contra un menor. La decisión, a cargo del Colegio para el Examen de los Recursos en Materia de Delitos Graves de la Santa Sede, fue tomada tras la apelación presentada por el presbítero en el proceso administrativo penal canónico que se le había iniciado, la cual fue rechazada por este organismo.
De esta manera, quedó confirmada la condena del sacerdote en el “delito grave contra el sexto mandamiento cometido con un menor”, carátula que refiere, en otras palabras, a una falta seria de índole sexual cometida por un clérigo, en este caso, contra un chico.
El Vaticano confirmó asimismo la pena de “prohibición perpetua para el ejercicio de todo oficio eclesiástico y de cualquier función directiva o administrativa en ámbitos parroquiales, seminarios e institutos vinculados a los mismos”. El sacerdote tampoco podrá desempeñar oficios dependientes de autoridades eclesiásticas ni ejercer la docencia en áreas teológicas o pastorales. Se le prohíbe también recibir encargos de tutorías o asesoramiento de menores de edad en cualquier ámbito.
El organismo interviniente estableció, además, la pena de prohibición de cinco años para el ejercicio público del ministerio sacerdotal. “Se le ha impuesto un precepto penal disponiendo que, en caso de incumplimiento de la pena aplicada, se lo sancionará con la dimisión del estado clerical”, informaron desde el Obispado.
LA NACIONse comunicó con Rodríguez Alcobendas, quien prefirió no hacer declaraciones.
Rodríguez Alcobendas, conocido dentro de la diócesis de San Isidro como “padre Damián”, fue durante años sacerdote de la Parroquia Sagrada Familia de Nordelta y también capellán de varios de los colegios católicos ubicados dentro de este complejo urbanístico.
Durante la Semana Santa de 2020, tomó relevancia mediática por salir a bendecir las calles de los barrios de Nordelta en una 4x4 y por pedir limosna, a través de transferencia bancaria, a los feligreses que por los impedimentos de la cuarentena no podían acercarse al templo. Años después, se conoció la denuncia por abuso sexual a un menor, la cual escaló hasta llegar al Vaticano.
Rodríguez Alcobendas fue posteriormente desplazado como párroco y nombrado capellán del convento de Pacheco de la Congregación de las Hermanas Siervas de María.
En el comunicado emitido esta mañana, el Obispado sanisidrense expresó “su cercanía con la víctima de este delito grave”. “Le pedimos perdón por el dolor y la herida que ha padecido, y le aseguramos nuestro compromiso y oración por su vida”, escribieron.
Y agregaron: “Extendemos esta cercanía a todas las víctimas de abuso, reafirmando nuestra disposición permanente a escuchar, acompañar y actuar con responsabilidad y respeto, trabajando con firmeza para que prevalezca el cuidado de cada persona en nuestra diócesis”.
Qué dice el comunicado
Aunque inicialmente, cuando se conoció la noticia, circuló la información de que el comunicado iba a ser leído en las próximas semanas en todas las parroquias de San Isidro, tal como ocurrió en 2013 tras la condena judicial contra el sacerdote José Mercau, cuando se leyó una disculpa pública por los abusos, finalmente se informó que no sería así. En aquella oportunidad, el Obispado decidió hacer público un histórico pedido de perdón de la Iglesia a las víctimas y también resarcirlas económicamente. Para ello, vendió distintas propiedades de la diócesis en el distrito, una medida sin precedentes en el país.
Históricamente, la Iglesia sostiene la interpretación de que el llamado de Dios al ministerio es irrenunciable. Por esta razón en muchos de los casos probados de abusos, la Iglesia, aunque aplica una condena, decide no retirarle el estado clerical y permite que esa persona siga siendo sacerdote, aunque no le permita ejercer como tal. Esta postura es objeto de fuertes críticas de la sociedad, sobre todo frente a casos de abusos sexuales contra menores.
En el caso Rodríguez Alcobendas, la condena implica también la prohibición de ejercer públicamente el ministerio por un plazo de cinco años. “No podrá hacer nada relativo al ministerio. No puede celebrar misa en público, no puede confesar, no puede estar públicamente en eventos de la Iglesia como sacerdote, no puede acompañar espiritualmente. No puede celebrar ningún sacramento con gente. Solo la misa y de manera privada e individual. Es decir, dar misa para sí mismo”, informó una fuente de la Iglesia. “Esto es una distinción canónica, y es claro detenerse en el punto donde la Santa Sede dijo que si no cumple, quedará enseguida fuera de todo”, se detalló.
Así, dentro de cinco años –si cumplió todo lo mandado y no existieron otras denuncias en su contra– “podrá volver a participar de una celebración religiosa, pero no va a tener nunca más oficio, no va a tener gente a cargo y no va a ser párroco nunca más, eso es de por vida”, indicaron las fuentes consultadas.