El congresista Segundo Montalvo solicitó formalmente al presidente José María Balcázar que todas las reuniones que sostengan funcionarios y altos funcionarios del Ejecutivo, con cualquier persona o grupo interesado en influir en la gestión pública, sean transmitidas en vivo a través de las plataformas oficiales del Estado. “La transparencia no es un favor que se le hace al ciudadano, es una obligación de todo servidor del Estado”, enfatizó Montalvo en el oficio N° 622-2025-2026-STMC/CR remitido el 26 de febrero de 2026. La petición, dirigida con carácter de urgencia, se fundamenta en los artículos 2° (numeral 5), 39° y 44° de la Constitución Política del Perú, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley N° 27806), la Ley del Código de Ética de la Función Pública (Ley N° 27815), la Ley que regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública (Ley N° 28024), y una serie de directivas y decretos relacionados con la integridad y el acceso a la información. Montalvo, quien preside la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso, recordó que el reglamento parlamentario faculta a los congresistas a solicitar información a los funcionarios del Ejecutivo para el ejercicio de sus funciones de representación y fiscalización. Si bien reconoció la existencia de un marco normativo sobre transparencia, señaló que los mecanismos actuales son insuficientes para garantizar el control ciudadano en tiempo real. ¿Qué propone Segundo Montalvo? El oficio dirigido a Balcázar plantea que la normativa vigente únicamente exige el registro posterior de visitas y actividades, lo que no garantiza la publicidad inmediata de las reuniones oficiales. Por ello, Montalvo plantea que cualquier encuentro realizado dentro de dependencias estatales, como Palacio de Gobierno, ministerios o cualquier otra sede del Poder Ejecutivo, sea transmitido en vivo y en directo a través de las páginas web institucionales, cuentas oficiales de Facebook, X u otras redes sociales del Estado. La única excepción serían las reuniones cuyo contenido sea reservado, confidencial o secreto conforme a la ley. Además, el congresista reclama que la agenda presidencial y ministerial —así como la de todos los altos funcionarios— se publique diariamente a primera hora y se actualice en tiempo real ante cualquier modificación. Actualmente, la normativa otorga un plazo de hasta 72 horas para actualizar el registro de visitas y actividades; Montalvo considera que este plazo resulta “excesivo e incompatible con un verdadero control ciudadano”. Registro estricto y prohibición de reuniones fuera de sede El perulibrista también solicita que se refuerce el cumplimiento del registro de visitas en línea y la agenda oficial, exigiendo que todas las reuniones dentro de las dependencias estatales queden debidamente documentadas con la identificación del visitante, el motivo, el funcionario receptor, y los horarios de ingreso y salida. Asimismo, recalca que el centro de trabajo estatal no debe utilizarse para citas personales ni reuniones ajenas a la función pública, por lo que pide prohibir expresamente las “reuniones personales” en dichos espacios. Respecto a las reuniones fuera de sede, el legislador plantea que, aunque el Decreto Legislativo N° 1415 prohíbe que los funcionarios atiendan actos de gestión de intereses fuera de la sede institucional, la restricción solo abarca actividades de lobby. Montalvo propone ampliar este alcance y prohibir toda reunión de trabajo fuera de las instalaciones públicas, salvo justificación debidamente registrada, para evitar que se repitan prácticas que han sido objeto de escándalos recientes. Antecedentes y motivación de la solicitud La iniciativa de Montalvo surge tras diversos casos que han puesto en entredicho la transparencia del Estado, como el reciente episodio que involucró al expresidente José Jerí, quien recibió visitas no registradas y sostuvo reuniones hasta altas horas de la madrugada, eludiendo los controles vigentes. Estos hechos, según el congresista, “socavan la confianza ciudadana en sus autoridades”. El documento remitido por Montalvo también fue dirigido, en copia, a todos los ministerios del país, a la Defensoría del Pueblo, a la Fiscalía de la Nación y a los archivos institucionales, con el objetivo de que la solicitud tenga el mayor alcance posible.
