Elementos federales detuvieron en el estado de Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien ocupaba el cargo de Director de Tránsito municipal de Iguala y, se presume, estaría vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
De acuerdo con información obtenida por Infobae México a partir de fuentes federales, las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un teléfono perteneciente a uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.
Los resultados de la operación en la que fue capturado Mosso Benítez fueron anunciados este 3 de de marzo de 2026.
El reporte oficial señala que los trabajos para detenerlo fueron realizador por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron de manera coordinada en el operativo que tuvo lugar en el estado de Guerrero.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos ilegales, entre los que destacaron los siguientes:
A Mosso Benítez se le acusa de delincuencia organizada y se le señala por haber utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.
Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y evitar la impunidad en el caso.
El pasado 27 de enero de 2026, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante la conferencia mañanera que ha solicitado al gobierno de EEUU la extradición de sujetos recluidos en cárceles estadounidenses que podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.
El pasado 9 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la acción participaron agentes federales, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes colocaron sellos en los inmuebles por delitos de desaparición forzada y contra la salud.
El aseguramiento impide la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes en estos sitios, mientras continúan las acciones federales para esclarecer el caso Ayotzinapa.