La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de imponer una contribución adicional 2% sobre las ventas brutas de energía de hidroeléctricas y térmicas, incluidas las pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), provocó el rechazo de los actores del sector energético. La medida, que estará vigente durante seis meses ante la declaratoria de emergencia económica y climática en ocho departamentos, amenaza el flujo de caja de las empresas generadoras y plantea el riesgo de incrementos en las tarifas de energía que pagan los usuarios.
Con el nuevo esquema, las transferencias obligatorias para hidroeléctricas suben del 6% al 8%, mientras que para térmicas se ubican en 6%. La directora ejecutiva del Centro de Estudios de la Energía Renovable y el Agua (Ceera), Catalina Rueda, advirtió que, al aplicarse de manera uniforme, el decreto desconoce las diferencias entre tecnologías y escalas económicas.
“En el caso de las PCH, que en su mayoría operan sin embalse, con márgenes ajustados y alta exposición a la variabilidad hidrológica y regulatoria, el impacto es directo sobre el flujo de caja”, indicó la experta a El Colombiano. Además, resaltó que, al pagarse sobre ventas y no utilidades, “se debe cubrir incluso en escenarios de márgenes reducidos y altas obligaciones financieras”.
Rueda explicó que la estabilidad financiera y la capacidad de repago de deuda de estas plantas, que suman 51 centrales entre hidroeléctricas y termoeléctricas en departamentos como Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena, se verán afectadas. “Esto impacta el flujo de caja y la capacidad de repago de activos”, insistió la dirigente.
Por su parte, el representante legal de la hidroeléctrica Aures Bajo, Juan Carlos Mejía, ratificó al medio el peso que supone la nueva carga tributaria. “Además, pagamos una tarifa de impuesto de renta del 38%, es decir, una sobretasa de tres puntos por encima de la tarifa general del 35% para personas jurídicas. Este nuevo 2% tiene un impacto evidente en nuestras finanzas”. Mejía también enfatizó que el efecto puede extenderse a los consumidores: la presión fiscal adicional se trasladará a la tarifa de energía.
Por su parte, el gerente de Santa Fe Energy, Óscar David Lozano, explicó que la mayoría de contratos de venta de energía incluyen cláusulas para trasladar nuevas cargas o impuestos al usuario final.
Detalló que el gravamen podría representar entre $6 y $8 por kilovatio hora adicionales, lo que se traduce en un aumento aproximado del 1% en la factura mensual de los usuarios.
Por su parte, el gerente de Alejandría, Rodrigo Arenas, expresó a Cambio el mayor impacto sobre las PCH respecto a las grandes compañías. “Creo que es más difícil manejar en la pequeña que en la grande, porque la grande tiene economías de escala naturales. Además, diferentes tipos de generación. En cambio, nosotros los pequeños, los independientes, solamente tenemos hidro y cada uno de nosotros solo tiene una o dos PCH, entonces nuestra exposición es mucho más alta”. Estima que el incremento en el componente de generación podría suponer cerca de un 2% en la factura de un hogar de estrato medio, dependiendo de subsidios y estratificación aplicable.
Rueda advirtió a dicho medio que pagar la contribución sobre las ventas y no sobre las utilidades “empobrece al ciudadano, porque la energía va a costar más, y va a costar más porque el riesgo en general va a ser más alto”. Dicha advertencia plantea una preocupación adicional respecto a la protección de los usuarios en un contexto de emergencia climática.
La medida puso de nuevo en el ojo del huracán la viabilidad de nuevos proyectos hidroeléctricos y la confianza de la inversión a largo plazo en el sector. El gerente de generación del Grupo Colviva, Juan Felipe Posada, explicó a Cambio que “las inversiones de las pequeñas centrales hidroeléctricas, como las inversiones de los proyectos de infraestructura, son inversiones a largo plazo”. Dijo que “para estructurar un proyecto se demoran entre el licenciamiento y la habilidad financiera, cierre financiero y demás”.
Mejía, de Aures Bajo, reiteró a El Colombiano que la recurrencia de cambios en la regulación incrementa la percepción de riesgo país y complica la viabilidad de inversiones. “Cuando las condiciones regulatorias cambian de manera constante, aumenta la percepción de riesgo país y se dificulta calcular la viabilidad de nuevos desarrollos energéticos, especialmente en un sector que requiere grandes inversiones y horizontes de largo plazo”, expuso.
Rueda, del Ceera, recalcó que “el sector eléctrico siempre tiene que estar mirándose en periodos de largo plazo: 10, 15 años. En ese sentido, estas medidas lo que hacen, además de desincentivar el eslabón de la generación, es lanzar la peor señal posible en el momento en que más necesitamos que entre inversión”.