Mientras que el nuevo ministro del Interior Diego Santilli ensaya un acercamiento de la Casa Rosada con los gobernadores, a raíz de una presentación del rionegrino Alberto Weretilneck la Justicia acaba de fallar que "de inmediato" Vialidad Nacional ejecute reparaciones en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón. Además, espera en la Justicia por otro fallo para la Ruta Nacional 151.

La Fiscalía de Estado de Río Negro presentó la demanda en marzo de 2022, durante el gobierno nacional de Alberto Fernández, ante el Juzgado Federal de Bariloche. Fue apelado y ahora quedó firme, por lo que empiezan a correr los plazos para la ejecución de las obras.

"La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial. Entre las obligaciones más urgentes figuran la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas", aseguraron desde el gobierno de Río Negro.

Además, Vialidad Nacional también debe trabajar en la reposición de la señalización horizontal, la colocación de señalización vertical diurna y nocturna en curvas, badenes, zonas con riesgo de derrumbe y demás puntos críticos. "Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas", remarcan desde la gestión de Weretilneck, con el fallo en la mano.

La demanda que se inició por un amparo colectivo y ahora quedó con sentencia firme establece estrictos plazos para las obras. "Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada", indican en Río Negro.

En el mismo plazo, Vialidad tendrá que elevar un informe técnico que confirme o descarte "el riesgo de arrastre de material rocoso". Si el riesgo existe, deberá proponer las medidas correctivas y especificar los tiempos de aplicación.

"También deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos", especificó Río Negro.

Por otro lado, la Justicia establece un plazo de 120 días para la "presentación de un plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes", con acciones preventivas y de conservación futura que permitan sostener en el tiempo la seguridad del tramo.

El Gobierno rionegrino también fue a la Justicia por el pésimo estado de la Ruta Nacional 151, en especial en el tramo que va desde La Pampa hasta el ingreso en Neuquén, muy utilizada por camiones y vechículos que van desde Buenos Aires a la Patagonia por la "ruta del desierto".

Según la provincia, es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y "para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera".

A diferencia del fallo firma para que Vialidad repare "de inmediato" la Ruta 40, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. "Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial", señaló Río Negro.

La disolución de Vialidad Nacional por decreto y el freno por seis meses

En julio, el presidente Javier Milei , pero . El anuncio del Gobierno fue a solo dos días del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley Bases.

El Decreto 461/2025 estipulaba reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras en Vialidad Nacional, pero quedó suspendido por el plazo de seis meses, que vence a mediados de enero de 2026.

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N° 2, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, hizo lugar a la cautelar presentada por el sindicato y detiene por seis meses el plan de reestructuración de Nación y frenó el cierre del organismo creado en 1932.

"La Constitución Nacional, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional, impiden al Estado en su rol concurrente de empleador y regulador alterar de manera unilateral condiciones de trabajo que han sido establecidas por norma colectiva con plena vigencia", destacó la magistrada en una mención al principio de irrenunciabilidad de derechos de los empleados.